Publicado el 7 de abril de 2025
Por Luisa Gomez Betancur, Abogada Sénior, del Programa de Pueblos, Tierra y Recursos del Centro para el Derecho Internacional Ambiental y Alexandra Cólon-Amil, Especialista en Campañas de Comunicación, del Centro para el Derecho Internacional Ambiental.
América Latina y el Caribe es la región más violenta del mundo para quienes defienden la tierra y el ambiente. Brasil, Colombia, Honduras y México concentran el 85% de los asesinatos documentados de personas defensoras. En este contexto, defensores y defensoras, organizaciones de sociedad civil, y gobiernos de la región han trabajado durante décadas para hacer realidad el Acuerdo de Escazú, el primer tratado regional vinculante que promueve la democracia ambiental y el único en el mundo que incluye garantías básicas para quienes defienden el ambiente. Un nuevo hito en este proceso será el Tercer Foro sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales, que se celebrará entre el 7 y 10 de abril en San Cristóbal y Nieves. Allí se tomarán medidas claves para avanzar en la protección de los derechos y la labor de las personas defensoras. Este Foro será especialmente relevante porque es la primera vez que ocurre en el Caribe insular, una de las regiones a nivel global que sufre y sufrirá desproporcionadamente los efectos de la crisis climática, lo que intensifica la presión sobre el ambiente y sobre quienes arriesgan su vida para defenderlo.
¿Qué son los Foros de Personas Defensoras del Ambiente?
En el marco del Acuerdo de Escazú se han adoptado importantes decisiones para proteger e impulsar la labor de las personas defensoras del ambiente. En 2024, la Tercera COP de Escazú– la conferencia que reúne a los Estados parte del Acuerdo– aprobó el Plan de Acción sobre Defensores y Defensoras del Ambiente, un instrumento regional cuyo propósito es poner en marcha acciones estratégicas para garantizar un entorno seguro y propicio para las personas defensoras; tomar medidas para reconocer, y proteger sus derechos, así como prevenir, investigar y sancionar ataques o amenazas en su contra.
Para la construcción, implementación y monitoreo de este Plan, se han establecido los Foros de Personas Defensoras que funcionan como una plataforma de participación y discusión pública a nivel regional, donde se exponen los retos a los que se enfrentan quienes defienden el ambiente y se exploran rutas y propuestas para abordar dichas problemáticas.
¿Qué Esperar del 3er Foro de Personas Defensoras del Ambiente?
Uno de los grandes objetivos de este Foro en San Cristóbal y Nevis es concretar las acciones que los Estados parte y otros actores claves deberán poner en marcha para implementar el Plan de Acción de Personas Defensoras del Acuerdo de Escazú. En coalición con organizaciones de la sociedad civil en América Latina y el Caribe, el Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL, por sus siglas en inglés) proporcionó recomendaciones estratégicas a los Estados para fortalecer dichas acciones. Entre otras, resaltamos:
- La importancia de que existan indicadores que permitan evaluar la implementación e impacto del Plan de Acción;
- La urgencia de construir un diagnóstico regional sobre la situación de las personas defensoras con una metodología participativa y que incluya recomendaciones; y
- La necesidad de articular a los formuladores de política pública, los operadores de justicia y otros actores garantes de los derechos de las personas defensoras en la cadena de prevención, atención y sanción de represalias en su contra.
El Foco en el Caribe
Actualmente, hay decenas de conflictos socio-ambientales en el Caribe Insular que involucran una diversidad de industrias – desde la explotación de hidrocarburos y la extracción de minerales hasta el desarrollo de infraestructura y turismo. Sin embargo, hay poca información sobre la situación de las personas defensoras y el ejercicio de su labor en el contexto socio-ambiental de esta región, lo cual contribuye a una falsa percepción de que “en el Caribe no pasa nada”.
En más de una década, informes autorizados en la materia han registrado tres ataques letales a personas defensoras del ambiente en un solo país del Caribe Insular. Como reconocen los mismos informes, estas cifras son “reflejos parciales” de la violencia contra personas defensoras del ambiente. Hay desafíos estructurales que impiden documentar y detectar casos concretos de una manera integral, como la escasa presencia de organizaciones de la sociedad civil en un zona específica, la represión de medios de comunicación, o situaciones de violencia e inseguridad generalizadas. Además, la atención se suele centrar en los ataques letales, lo que opaca otras agresiones severas contra las personas defensoras, como la desaparición forzada, la criminalización, el hostigamiento y la estigmatización.
El Tercer Foro de Personas Defensoras del Ambiente ofrece una oportunidad única para “poner el foco” en los múltiples riesgos que enfrentan las personas defensoras de los territorios en el Caribe, cuya labor y seguridad se hacen cada vez más indispensables a medida que se agrava la emergencia climática.
Escazú y la Justicia Climática
En el año 2000, según el Atlas Global de Justicia Ambiental, había casi mil conflictos socio-ambientales reportados a nivel mundial. Hoy, esa cifra ha crecido casi un 400%. En tanto los impactos climáticos se hagan cada vez más frecuentes e intensos, se intensificará la presión sobre los territorios y los recursos. Este panorama posiblemente agudizará conflictos socio-ambientales y, con ello, las vulnerabilidades de quienes defienden el ambiente. En este contexto, es fundamental fortalecer los derechos y la labor de las personas defensoras y, para ello, el Acuerdo de Escazú y su Plan de Acción son piezas claves. Por esta razón, en compañía de organizaciones de la sociedad civil, CIEL participó en el proceso de Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre Emergencia Climática pidiendo la incorporación de los estándares del Acuerdo de Escazú como garantías jurídicas básicas al momento de precisar la obligación de los Estados de proteger la labor de las personas defensoras del ambiente, así como los derechos a la información, participación y justicia ambiental.
Durante este Tercer Foro, CIEL junto a otras organizaciones ha convocado el evento #EscazúEnLaCorteIDH para compartir cómo concebimos esta estrategia de incidencia, cuáles han sido sus avances y nuestras expectativas frente a la Opinión de la Corte. Estaremos actualizando sobre este evento y los momentos clave del Foro en San Cristóbal y Nieves en nuestras redes sociales. Síganos aquí:
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Sobre el Programa de Pueblos, Tierra y Recursos de CIEL
El programa de Pueblos, Tierra y Recursos de CIEL busca proteger el ambiente y los derechos humanos frente a los impactos negativos del desarrollo. Trabajamos en todos los niveles—desde el internacional hasta el comunitario—para garantizar que las leyes y políticas que rigen las actividades de desarrollo sean coherentes con aquellas que protegen el ambiente y los derechos humanos, y para exigir rendición de cuentas a gobiernos y empresas por sus acciones.