In the midst of the humanitarian crisis caused by the Hidroituango dam project in the Cauca river basin, local communities request that the Inter-American Development Bank (IDB)’s accountability mechanism investigate whether the financial entity violated its environmental and social standards when investing in the project.
FOR IMMEDIATE RELEASE
June 5, 2018
Washington, DC — Communities affected by the construction of the Hidroituango dam in Antioquia, Colombia, filed a complaint with the Independent Consultation and Investigation Mechanism (MICI) of the Inter-American Development Bank (IDB) at its Washington, DC, headquarters today. The complaint requests that this accountability office investigate whether the IDB, through both its public and private lending arms, violated its own social and environmental standards when it invested in the project.
Through the complaint, the affected communities, represented by Movimiento Ríos Vivos Antioquia, highlight that the bank did not follow its policies that investment projects must be sustainable, participatory, and respectful of national legislation in the case of HidroItuango. There was no adequate environmental impact assessment, communities did not have access to participation or information, and the project occurs in a context of human rights violations and disproportionate use of force. It has also endangered the lives of thousands of people, who have had to be evacuated ad hoc due to the dam crisis. This contradicts the social and environmental standards required of IDB investments.
The hydroelectric plant will be the largest in Colombia, with a 49 mile (79 km) reservoir that will flood a surface of 11,120 acres (4,500 hectares) without having removed the topsoil, relocated the communities, or compensated the loss of livelihoods. Despite the fact that the work is unfinished and prior notice was not provided, the area has already been dammed. The IDB Group has financed the project through various types of investment. In 2012, it approved $2 million for technical cooperation for the Colombian State and, in 2016, $550 million in direct investments to the company in charge of the project, Empresas Públicas de Medellín (EPM). In addition, the IDB manages a $1 billion loan package for the project, with funds from multiple institutional investors, including banks in Europe (KfW IPEX (Germany), BNP Paribas (France), BBVA y Banco Santander (Spain), Asia (ICBC (China), Sumitomo Mitsui (Japan)), and Canada (CDPQ).
The MICI responds to complaints from individuals and communities affected by IDB-financed development projects. The communities settled in the Cauca river basin and its tributaries that are affected by Hidroituango are accompanied in the complaint process by the Center for International Environmental Law (CIEL), Interamerican Association for Environmental Defense (AIDA), and International Accountability Project (IAP).
The claim comes amid a humanitarian crisis in the dam construction area and a wave of increasing violence against people who are defending their territory and water and oppose the project. After cement clogged two of the three diversion tunnels, the excessive pressure on the remaining tunnel resulted in first a blockage and then an avalanche, leaving hundreds of families homeless and thousands of people displaced and at permanent risk both up- and down-stream of the dam wall. All this has exposed the inadequate evaluation of project impacts and the poor environmental regulation under which the project was authorized on every front. The state of emergency in the area is still in effect, and neither the Colombian government nor the company has ruled out the risk of the dam collapsing.
The members of Movimiento Ríos Vivos have suffered multiple threats, intimidations, and rights violations. Between May 2 and 8, as has been reported, two of its members were killed, in Puerto Valdivia, an area that has been completely evacuated resulting from the emergency. In addition, the region where the dam is located has been affected by historical violence and armed conflict.
Press Contact:
Isabel Zuleta, Movimiento Ríos Vivos Antioquia +57 3217347264 riosvivosantioquia@gmail.com
Read more: https://www.ciel.org/project-update/ituango-hydroelectric-project-drowning-transitional-justice-in-colombia/
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PARA PUBLICACION INMEDIATA
5 de junio de 2018
En medio de la crisis humanitaria que se vive en cuenca del río Cauca por causa de la hidroeléctrica, las comunidades solicitaron al mecanismo de rendición de cuentas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) investigar si la entidad financiera cumplió o no sus propios estándares sociales y ambientales al invertir en el proyecto.
Washington D.C. Comunidades afectadas por la construcción de la represa Hidroituango en el departamento de Antioquia, presentaron una reclamación ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICl) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La queja fue presentada en la sede del organismo, ubicada en la capital de Estados Unidos. En ella solicitan que esa instancia de rendición de cuentas indague si el BID, tanto su brazo público como privado, cumplió o no sus propios estándares sociales y ambientales a la hora de invertir en el proyecto.
Las comunidades afectadas, representadas por el Movimiento Ríos Vivos Antioquia, resaltan en la queja que las políticas del banco establecen que los proyectos en los que invierta deben ser sostenibles, participativos y respetuosos de la legislación nacional, lo que no ha ocurrido con Hidroituango.
El proyecto no contó con una evaluación de impacto ambiental adecuada, no permite la participación de las comunidades ni el acceso a información, y se ha desarrollado en un contexto de violaciones a derechos humanos y uso desproporcionado de la fuerza. Asimismo, ha puesto en peligro la vida de miles de personas, que han tenido que ser evacuadas de forma improvisada por la crisis de la presa. Esto contradice los estándares sociales y ambientales que el BID debe aplicar en sus inversiones.
La hidroeléctrica pretende ser la más grande de Colombia, con un embalse de 79 kilómetros que inundó un área de 4.500 hectáreas, sin retirar la capa vegetal, terminar la obra, informar, reubicar ni compensar a las comunidades. El Grupo BID ha apoyado el proyecto a través de varios tipos de inversión: 2 millones de dólares en cooperación técnica al Estado colombiano en 2012 y 550 millones de dólares en inversiones directas a Empresas Públicas de Medellín (EPM), a cargo del proyecto, en 2016. Además, el BID maneja un paquete de inversiones en el proyecto que suma 1.000 millones de dólares, con aportaciones de múltiples bancos europeos [KfW IPEX – Alemania, BNP Paribas – Francia, BBVA y Banco Santander – España], asiáticos [ICBC – China, Sumitomo Mitsui – Japón] y un banco canadiense [CDPQ – Quebec].
El MICI atiende denuncias de personas y comunidades afectadas por proyectos de desarrollo financiados por el BID. Las comunidades afectadas por Hidroituango, asentadas en la cuenca del río Cauca y sus afluentes, son acompañadas en el proceso de queja por el Center for International Environmental Law (CIEL), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el International Accountability Project (IAP).
El reclamo ocurre en medio de una crisis humanitaria en la zona de construcción de la hidroeléctrica y de una creciente violencia contra las personas que defienden su territorio y agua frente al proyecto. Lo que comenzó con el taponamiento con cemento de dos túneles de la represa, terminó en la obstrucción de otro túnel y luego en un incremento drástico del caudal del río, deslizamientos de tierra, inundaciones y desplazamiento de miles de personas de sus hogares.
Todo ello ha desnudado la inadecuada evaluación de impactos y la pobre regulación ambiental a las que fue sometido el proyecto y que, de todas formas, fue autorizado. El estado de emergencia en la zona no ha cesado y el riesgo de que la represa colapse no ha sido descartado ni por el gobierno colombiano ni por la empresa.
Los miembros del Movimiento Ríos Vivos Antioquia han sufrido múltiples amenazas, intimidaciones y violación de sus derechos. Entre el 2 y el 8 de mayo, según se denunció, dos de sus integrantes fueron asesinados en el corregimiento de Puerto Valdivia, que fue evacuado por la emergencia. Además, la región donde está ubicada la represa ha sido históricamente afectada por la violencia y el conflicto armado.
Contacto de prensa:
Isabel Zuleta, Movimiento Ríos Vivos Antioquia +57 3217347264 riosvivosantioquia@gmail.com