FOR IMMEDIATE RELEASE
October 12, 2020 (Español abajo)
As many Indigenous Peoples throughout the Americas observe October 12th as a Day of Resistance, the Indigenous Ngäbe, Buglé, and Campesino Peoples declare that Panama’s Fourth Electrical Transmission Line is replicating a pattern of marginalization and subjugation that has been perpetuated against their peoples for centuries.
Within the framework of the Universal Periodic Review (UPR) of Panama, during which the UN Human Rights Council will review the human rights situation in the country this coming November, representatives of the Indigenous Ngäbe, Buglé, and Campesino Peoples will participate tomorrow in a direct conversation with various diplomats of the Permanent Missions to the UN in Geneva. During this conversation, they will highlight the violations of human rights and of Indigenous Peoples’ rights that the Fourth Transmission Line is causing.
Feliciano Santos, a representative of the Indigenous Ngäbe, Buglé, and Campesino communities affected by the Fourth Transmission Line and Coordinator of the Movement for the Defense of the Territories and Ecosystems of Bocas del Toro (MODETEAB), stated:
As has already happened in other indigenous territories where development projects have gone forward without consultation, we foresee that the Fourth Transmission Line would displace us from our ancestral lands, jeopardize our traditional ways of life, and expose us to heightened rates of disease, in addition to causing deforestation and pollution in the affected areas. Despite these anticipated risks, as well as the current situation of the pandemic that is exacerbating them, the State of Panama has refused to take adequate measures to respect our rights as Indigenous Peoples before moving forward with the Fourth Transmission Line.
We reiterate that we object to the Fourth Line, which reveals a persistent pattern of illegitimate imposition of projects and economic priorities of outsiders in our ancestral territories. For this reason, we seek to make our claims heard at the international level, including through the current UN periodic review of the Panamanian State.
Sarah Dorman, an Attorney with the Center for International Environmental Law (CIEL), stated:
By failing to secure the right of all indigenous communities affected by the Fourth Transmission Line to consultation and prior consent, the Panamanian State has failed to comply with the recommendation that it accepted in this regard during its first UPR. We hope that the current international review of Panama will shed light on the violations of the rights of Indigenous Peoples that continue to occur in the context of the Fourth Line and that it will lead to a real commitment by the Panamanian authorities not to advance with the Fourth Line until a process of free, prior, and informed consent is carried out with all affected communities of the Indigenous Ngäbe, Bugle and Campesino Peoples.
The UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) has already been informed of these communities’ concerns about the legitimacy of the Fourth Transmission Line and the project’s potential impacts. Information presented by the Ngäbe, Buglé and Campesino Peoples, with the support of CIEL, was directly referenced in a report prepared by the OHCHR for submission to the Human Rights Council as part of the UPR of Panama.
Note to Editors:
The Indigenous communities affected by Panama´s Fourth Electrical Transmission Line have carried out extensive advocacy at the international level. In 2018, representatives of these communities filed a complaint with the accountability mechanism of the World Bank’s International Finance Corporation, which has financed and provided advisory services to the project. This complaint led to an investigation of the project that is still ongoing. In addition, the communities have informed the UN and Inter-American Human Rights Systems of the impacts that the Fourth Transmission Line could have on their human rights, as well as their rights as Indigenous Peoples.
“No otorgamos nuestro consentimiento previo para la Cuarta Línea de Transmisión de Panamá” informan Pueblos Indígenas Ngäbe, Buglé y Campesinos a la ONU
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
12 de octubre de 2020
Al momento en que muchos pueblos indígenas a lo largo del continente americano están recordando el día 12 de octubre como el Día de la Resistencia, los pueblos indígenas Ngäbe, Buglé y Campesinos afirman que la Cuarta Línea de Transmisión Eléctrica de Panamá está replicando un patrón de marginación y sometimiento que ha sido perpetuado contra sus pueblos durante siglos.
En el marco del Examen Periódico Universal (EPU) de Panamá, en el que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU revisará la situación de derechos humanos en el país en noviembre, el día de mañana representantes de los pueblos indígenas Ngäbe, Buglé y Campesinos participarán en una conversación directa con varios diplomáticos de Misiones Permanentes ante la ONU en Ginebra. Durante esta conversación, subrayarán las vulneraciones de derechos humanos y de los pueblos indígenas que está causando la Cuarta Línea.
Feliciano Santos, representante de las comunidades Ngäbe, Buglé y Campesinos afectadas por la Cuarta Línea, y Coordinador del Movimiento por la Defensa de los Territorios y Ecosistemas de Bocas del Toro (MODETEAB) declaró:
Como ya ocurrió en otros territorios indígenas que han sido impactados por proyectos inconsultos de desarrollo, prevemos que la Cuarta Línea nos despojaría de nuestras tierras ancestrales, pondría en riesgo nuestros medios de vida tradicionales y nos expondría a un aumento en las tasas de enfermedad, además de ocasionar la deforestación y la contaminación en las áreas afectadas. A pesar de estos riesgos previstos, y la situación actual de pandemia que los está exacerbando, el Estado de Panamá se ha negado a adoptar medidas adecuadas para respetar nuestros derechos como pueblos indígenas antes de avanzar con la Cuarta Línea.
Reiteramos nuestra inconformidad con la Cuarta Línea, la cual evidencia un patrón persistente de imposición ilegítima de proyectos y prioridades económicas ajenas en nuestros territorios ancestrales. Por ello, buscamos hacer escuchar nuestros reclamos a nivel internacional, incluso durante el actual proceso de revisión periódica de la ONU al Estado Panameño.
Sarah Dorman, abogada con el Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL), por su parte, declaró:
Al no asegurar el derecho a la consulta y al consentimiento previo a todas las comunidades indígenas afectadas por la Cuarta Línea, el Estado Panameño ha incumplido la recomendación que aceptó al respecto durante su primer EPU. Esperamos que la actual revisión internacional de Panamá arroje luz sobre las vulneraciones de los derechos de los pueblos indígenas que siguen ocurriendo en el contexto de la Cuarta Línea, y que resulte en un verdadero compromiso por parte de las autoridades panameñas de no avanzar con la Cuarta Línea hasta que se lleve a cabo un proceso de consentimiento previo, libre e informado con todas las comunidades afectadas de los pueblos indígenas Ngäbe, Bugle y Campesinos.
Cabe mencionar que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ya escuchó las preocupaciones en torno a la legitimidad de la Cuarta Línea, así como los posibles impactos del proyecto. La información presentada por los pueblos Ngäbe, Buglé y Campesinos con el apoyo de CIEL fue referenciada directamente en un informe preparado por el ACNUDH para ser entregado al Consejo de Derechos Humanos como parte del EPU de Panamá.
Nota para editores:
El historial de incidencia internacional de las comunidades indígenas afectadas por la Cuarta Línea de Transmisión Eléctrica es extenso. En 2018, representantes de estas comunidades interpusieron una queja ante el mecanismo de rendición de cuentas de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, la cual ha financiado y asesorado el proyecto. Dicha queja dio origen a una investigación del proyecto que aún sigue en curso. Además, las comunidades han venido informando al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y al Sistema Universal de la ONU de los posibles impactos de la Cuarta Línea en sus derechos humanos, así como sus derechos como pueblos indígenas.